La Cámara Gesell cumple una función esencial en los procesos por delitos contra la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes: permite obtener su relato procurando evitar la revictimización ya que el mismo difícilmente podría reproducirse en el debate.
¿Alcanza con que el niño sea entrevistado durante la investigación, bajo la dirección del Ministerio Público Fiscal, para que ese registro pueda luego ser utilizado como prueba en el juicio?
Si pretendemos que la Cámara Gesell constituya un verdadero adelanto jurisdiccional de prueba, la respuesta debería ser negativa.
La intervención de un juez no es un requisito meramente formal. El juez constituye el tercero imparcial que debe controlar las condiciones en que se produce el acto y garantizar que la defensa tenga una posibilidad real y efectiva de ejercer contradicción.
Debe existir la posibilidad de que la defensa controle la pertinencia de las preguntas, cuestione su formulación, proponga otras y deje planteadas sus objeciones ante un juez que dirija y controle el acto.
De lo contrario, corremos el riesgo de llamar “adelanto jurisdiccional de prueba” a lo que, en realidad, fue una entrevista producida en una etapa de investigación bajo dirección de una de las partes.
Una cosa es preservar un relato para evitar que el niño deba repetirlo en juicio. Otra, muy distinta, es pretender que ese relato ingrese al debate con el mismo valor de una prueba producida bajo las garantías de jurisdicción, imparcialidad, contradicción y defensa efectiva.
La protección de niños y adolescentes y las garantías del imputado no son objetivos incompatibles. El verdadero desafío consiste en diseñar una Cámara Gesell que proteja al primero sin debilitar las garantías constitucionales del segundo.
