La obstrucción ilegal del contacto entre hijos menores de edad y un progenitor no conviviente puede tener consecuencias penales. La Ley 24.270 contempla esta conducta, que debe distinguirse de las restricciones legítimas destinadas a proteger al niño, niña o adolescente.
El análisis puede ampliarse cuando se acredita que la conducta causó un daño en la salud mental del hijo. Las lesiones penales también pueden afectar la salud psíquica; no requieren necesariamente una herida física. Pero no todo malestar o sufrimiento emocional constituye, por sí solo, una lesión penal.
Es necesario evaluar la entidad del daño, su relación causal con la conducta y el aspecto subjetivo exigido por el delito. La prueba pericial, las circunstancias familiares y los antecedentes del vínculo resultan relevantes. Si el autor es el progenitor de la víctima, corresponde examinar la agravante por el vínculo.
Cuando un mismo hecho configura el impedimento de contacto y las lesiones, puede plantearse un concurso de delitos.
En el video que acompaña esta publicación explico estas cuestiones y la importancia de evaluar cada situación con sus pruebas y su contexto.
Ramiro Villalba | Abogado penalista en Mendoza